El 8 y 9 de mayo se realizó en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas una audiencia pública bajo el título “Radios comunitarias, diversidad cultural e inclusión social en el espectro de frecuencias ante el apagón analógico”, convocada por el grupo parlamentario conjunto de la Izquierda Europea Unificada y la Izquierda Verde Nórdica.
Algunas aclaraciones previas. Así como lo hemos empezado a ver en Argentina con la televisión, en otros lugares (Estados Unidos y algunos países de Europa Occidental) ya han tomado decisiones para comenzar los procesos de digitalización de la radio. Como suele ocurrir, las tensiones en torno de la elección de normas técnicas encierran intereses económicos de las empresas prestadoras. Y esto trae aparejados efectos sociales y culturales vinculados con la concentración de poder.
En este punto, al igual que ocurrió con la televisión digital, el enfrentamiento se da entre las normas de EE.UU. y Europa. Aunque existen varios estándares para la transmisión digital de señales de radio, en nuestra región –en lo que hace a decisiones ya tomadas– hasta ahora se viene manejando sólo uno: el IBOC. Creado e impulsado por la industria norteamericana, ofrece cero riesgo a los empresarios que ya cuentan con licencias de radio, en tanto funciona con el mismo canal que hasta ahora vienen utilizando para afrontar la transición, brindando una mejor calidad de la señal (muy notoria en AM y algo menos en FM) y nuevos servicios asociados.
El IBOC permite que mientras la población va reemplazando los receptores analógicos por digitales, los propietarios de las radios no pierdan audiencia ni deban afrontar un cambio de frecuencia que implicaría posicionar la nueva “marca”, ya que en el mismo número de frecuencia por el que hoy se recibe cada emisora podrán transmitir en analógico y en digital.
Una opción competitiva frente al IBOC es el europeo DAB (Digital Audio Broadcasting), antes llamado Eureka-1475, que implica la utilización de una nueva banda del espectro (VHF o L) para la radio digital. Al llegar el apagón analógico, todo el espectro actual de FM se pasaría a la nueva banda y la anterior quedaría libre para otros servicios, lo cual, como veremos, no es necesariamente bueno.
Otros estándares en desarrollo son el DRM (Digital Radio Mondiale), previsto para frecuencias inferiores a tres megaciclos (onda media, larga y corta), y el coreano DMB (Digital Multimedia Broadcasting), con el mismo mecanismo de trasmisión que el DAB y algunas diferencias respecto de las señales multimedia. Para todos ellos ya hay versiones (+) (plus).
En alerta
¿Para qué toda esta explicación? Para ir alertando sobre algunas cuestiones. En primer lugar, la IBOC es una norma tributaria. Es decir, implica el pago de licencias a los titulares de las tecnologías. Por otra parte, la idea de salirse de la banda de FM como ocurriría al optar por una norma europea implicaría el cambio total del parque de aparatos receptores y la eventual aparición de una figura que ya se conoce en la televisión digital en otros países y afortunadamente aún no entre nosotros: el operador de red. Algo así como un concesionario de la frecuencia o banda por la que se transmite, que la alquila a terceros.
Cuando se fijó el criterio de torre única y transmisor público para la TV digital en Argentina, algunos (por zoncera, por negocios o por desconocimiento) dijeron que la televisión se monopolizaba. Pues bien, cuando esa administración se delega en un privado, éste lo alquila y para entrar hay que pagar. Esta situación podría traer como consecuencia el tener que pedirle a los televidentes/oyentes que paguen para ver Televisión Digital Terrestre HD o escuchar radio digital codificada, tal como hoy se paga para el cable. Y esto es lo que no debería ocurrir como regla.
El relato de los representantes de los medios comunitarios europeos nucleados en la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), durante el encuentro de Bruselas, mostró notorias asimetrías en el contexto continental europeo y un profundo desinterés de la mayoría de los gobiernos sobre cómo prevenir y evitar la ampliación de la brecha social que traen las tecnologías digitales cuando son impuestas desde el mercado. En muchos países, los vacíos normativos conviven con las declaraciones de ilegalidad a las emisoras –España, Hungría, República Checa–, en otros se verifican situaciones de mayor respaldo estatal –Irlanda, Francia– y perspectivas de crecimiento tecnológico conjunto. Pero lo visto hasta ahora demuestra que las tecnologías de digitalización en la radio están pensadas para las empresas de medios más poderosas, mientras que aquellas que tienen menor capacidad económica –incluidas las comunitarias– no encuentran modo de subirse a la ola, porque nadie les facilitará gratis (o al precio que un medio no comercial puede afrontar) el acceso al multiplexado.
Podríamos adelantarnos a decir que las tecnologías de Internet permitirán reemplazar a la radio y que tiene mucho más espacio. Malas noticias: Internet no es gratis y no garantiza anonimato en los gustos y tendencias. La radio sí lo es para el oyente que escucha lo que quiere y nadie lo detecta. Ello significa que así como la ley de protección de datos personales no es necesaria para los oyentes de radio, sí lo es para los usuarios de Internet porque se detecta el tráfico de datos y el gran hermano prestador del servicio sabe qué vemos y cuándo. En la primera, la comunicación es amplia y de acceso abierto, la segunda se basa en el streaming individual y, además, se paga.
Sentido de las políticas públicas
El problema no son sólo los medios comunitarios en sí, sino que ellos y sus oyentes son el espejo en el cual mirarse porque es donde más rápida y claramente se nota la inclinación del tobogán que la mayoría de los Estados les ofrece por la incomprensión y el silencio. Los modelos y las tecnologías no son inocuos ni neutros. En Canadá, la TV digital no llega a las ciudades que no alcanzan un mínimo determinado de habitantes porque el Estado no asume más que el funcionamiento de la cadena pública. Ello implica que entre el 10 y el 15 por ciento de la población seguirá en analógico. Volviendo a la radio, en Brasil, por impulso y presión de una coalición de sectores sociales, se inició una etapa de prueba en una norma técnica distinta a la norteamericana por los graves efectos que generaba. En México se impuso la IBOC con un breve aviso previo y sin proceso de consulta.
En 2007 los Relatores de libertad de expresión de ONU, OEA, OSCE y la Comisión Africana plantearon que “los diferentes tipos de medios de comunicación –comerciales, de servicio público y comunitarios– deben ser capaces de operar en, y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles. Las medidas específicas para promover la diversidad pueden incluir el reservar frecuencias adecuadas para diferentes tipos de medio (...) En la planificación de la transición de la radiodifusión análoga a la digital se debe considerar el impacto que tiene en el acceso a los medios de comunicación y en los diferentes tipos de medios. Esto requiere un plan claro para el cambio que promueva, en lugar de limitar, los medios públicos. Se deben adoptar medidas para asegurar que el costo de la transición digital no limite la capacidad de los medios comunitarios para operar”.
Cuando en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 se consignó que el objetivo de la regulación era garantizar el derecho a la comunicación de las personas, se estableció un paradigma opuesto al de la actividad comercial como razón de ser de la comunicación. De allí la reserva de frecuencias prevista en el artículo 77.
Este mandato normativo ordena el sentido de las políticas públicas y los planes posteriores deben ir de la mano con lo dicho. Se trata, como en tantos otros ámbitos, de expandir derechos e integrar y no de pagar por ver la tribuna. Todavía no hemos empezado aquí el proceso de digitalización de las señales de radio y nada indica que tengamos que desconfiar ni apurarnos, pero es bueno conocer de qué van las cosas.
Porque habrá siempre quienes quieran que (a)paguemos la radio.
-Por Damián Loreti: Profesor de Derecho a la Información de la UBA. Fue invitado a participar por los convocantes como consejero legal de Amarc Internacional.
